#VIALES #EscuelasTécnicas Conocido el fallo que desestima la denuncia penal del ex Administrador Iguacel sobre las mismas

#VIALES #EscuelasTécnicas Conocido el fallo que desestima la denuncia penal del ex Administrador Iguacel sobre las mismas, el Sindicato de Trabajadores Viales espera su reapertura y reincorporación de docentes y trabajadores despedidos por el gobierno macrista.

Habiendo tomado conocimiento este lunes 14 de julio del fallo del Juzgado Federal N°8 que desestimó la denuncia penal del ex Administrador de Vialidad Javier Iguacel contra las 5 Escuelas Técnicas durante su gestión, el STVyARA que conduce Graciela Aleña afirmó que «seguiremos peleando por la reapertura de las escuelas técnicas viales. Estudiar es un derecho, no un privilegio». Al tiempo que recordó que «usando el latiguillo mentiroso de la corrupción, la gestión macrista ordenó el cierre de nuestras escuelas, eliminando así la única posibilidad de formación profesional en Latinoamérica de técnicos viales para la construcción y mantenimiento de puentes y rutas».

El Sindicato Nacional de los Trabajadores Viales liderado por Graciela Aleña, secundada por César González desde la Secretaría Adjunta, con sus sindicatos de base movilizados a lo largo y ancho del país, lucho sin tregua para hacer frente al atropello del gobierno macrista que apuntó desde el principio hasta el final de su gestión al desguace de Vialidad Nacional y al desgaste de los trabajadores y sus dirigentes, sin conseguirlo. Y dentro de esa embestida impiadosa sin miramiento alguno, fue que cerraron las cinco Escuelas Técnicas de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la del Distrito  Buenos Aires Nº 1 «Maestro Mayor de Obras Don Oreste Casano», sita en Av. General Paz 12.190, y otras cuatro escuelas ubicadas en las Provincias de Chubut, Tucumán, Santa Fe y Santa Cruz, donde ser cursaban las carreras de nivel terciario de Técnico Superior en Obras Viales. Mientras que en la Escuela Técnica Nº 1 además se dictaba la carrera de Bachillerato Tecnológico con Orientación en Construcciones Viales.

“Nunca les preocupó cuando cerraron nuestras cinco escuelas técnicas, cuando despidieron sin causa a nuestros 52 compañeros, quienes quisieron ingresar al organismo y les cerraron la puerta en la cara, y muchos de nosotros tuvimos que juntar sus pertenencias y alcanzárselas a la puerta porque no los dejaban ingresar. Solo les preocuparon unas cajas que tenían nombre y apellido simbólico para que retiraran sus cosas. La verdad que el nivel que ha tenido la administración y el gobierno de Cambiemos con los trabajadores es más que lamentable”, afirmaba en octubre de 2019 Graciela Aleña, en el marco de un paro por tiempo indeterminado que llevaban adelante desde hacía meses.

Fue a través de la causa caratulada «Periotti Nelson s/negociaciones incompatibles», que el entonces administrador de Vialidad Nacional, Javier Iguacel denunció en 2018 ante la Justicia «la presunta creación de un andamiaje y estructura interna en las escuelas técnicas que resultaría desproporcionada con las funciones asignadas y con la propia finalidad de la Dirección Nacional de Vialidad». Presentación «sin escrúpulos» que a través del dictamen fiscal emitido por el Juez Federal Marcelo Martínez de Giorgi del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 8 Secretaría 15 de la Dra. Verónica Lara, quedó desestimada «en los términos del art. 180 del C.P.P.», haciendo saber que dicho dictamen se libra en relación a la causa nro. 9286/18 (40171/18).

En este marco, el juez Marcelo Martínez de Giorgi dio por terminada la causa pasándola a archivo dado que «no encontraron desvío de fondos en perjuicio de la administración pública sino una discrepancia con la asignación de esos fondos», corroborando que los montos en cuestión aplicados dentro del ámbito de las escuelas. La Fiscalía, por su parte, entendió que en la auditoría realizada «no se desprende que, pese a la deficiencia y falta de controles, se haya ocasionado un perjuicio patrimonial al Estado». Remarcando que «en definitiva, no se vislumbra una defraudación al erario público sino una discrepancia de criterios sobre la gestión».